Multa y hasta dos años de cárcel es la pena que espera a las personas que presten ayuda a inmigrantes sin papeles en caso de ejecutarse el nuevo anteproyecto del Código Penal.
El nuevo artículo 318 bis del Código Penal establecería que “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.” Según la redacción de este precepto, el que acoja en su domicilio a un inmigrante sin papeles incurrirá en un delito penado con la cárcel. El gobierno pretende suavizar el artículo añadiendo que el “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Esta coletilla ha sido añadida en virtud de la Directiva europea 2002/90/CE que establece que los Estados miembros podrán decidir, en base a su legislación, despenalizar la conducta si la ayuda a un inmigrante se presta por motivos humanitarios. Sin embargo, la nueva redacción del precepto no despenaliza la conducta, si no que deja al arbitrio del Ministerio Fiscal la mera posibilidad de no acusar.
La nueva redacción del artículo prevé penas similares para los que presten ayuda con ánimo de lucro, es decir, para quien sirva una comida o alquile una habitación en su negocio a un inmigrante sin papeles.
El CGPJ ha emitido un informe en el que destaca la ambigüedad de la redacción del precepto, y aconseja que no quede en manos del Ministerio Fiscal la decisión de acusar a quien preste ayuda por motivos humanitarios.
Contra esta reforma se ha pronunciado la asociación Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Joaquim Bosch, ha manifestado que “se está metiendo en el ámbito de la delincuencia cuestiones sociales”.
También se ha creado la plataforma ciudadana Salvemos la Hospitalidad que denuncia la equiparación penal entre quienes ayudan intencionadamente a un inmigrante sin papeles y quien trafica con personas y abusa de su vulnerabilidad.
Además destacan que el Tribunal Supremo en la STS de 28 de mayo de 2012 interpreta la norma de manera restrictiva.
itagnols
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